Durante la entrevista, Cabrera fue consultado sobre el proyecto legislativo que plantea endurecer las sanciones a jóvenes que cometen delitos. El fiscal recordó que existen investigaciones criminológicas que coinciden en que la severidad de las penas no se traduce en una disminución de los casos. “Agravar la pena de por sí no trae muchos beneficios al sistema penal”, puntualizó.
El representante del Ministerio Público remarcó que Paraguay no puede apartarse de los tratados que lo obligan a otorgar un trato diferenciado a niños y adolescentes. Citó la Convención sobre los Derechos del Niño y el marco interamericano de derechos humanos como ejes que establecen límites claros a la hora de legislar.
Explicó además que el Código de la Niñez y la Adolescencia fija un rango de sanciones: una mínima de seis meses para cualquier tipo de hecho y un máximo de ocho años en casos de crímenes. A su criterio, esta graduación es acorde con el principio de protección integral, ya que los adolescentes “se encuentran en una etapa de madurez incipiente y requieren un abordaje distinto al de los adultos”.
Más allá del debate jurídico, Cabrera puso énfasis en el papel de la educación como herramienta de prevención del delito. “Tenemos que educar a los niños desde temprana edad a respetar la ley por ética, no por miedo a la sanción”, sostuvo.
Con una trayectoria de casi tres décadas en la docencia antes de ingresar a la Fiscalía, el entrevistado vinculó la violencia intrafamiliar y los abusos a la falta de formación de valores en la sociedad. A su juicio, la tarea exige docentes mejor preparados, sistemas educativos más sólidos y una participación activa de las familias.
El fiscal extendió su llamado a otros actores sociales. Subrayó que los padres deben involucrarse en la formación de sus hijos y que los medios de comunicación, además de informar y entretener, tienen un rol pedagógico en la transmisión de valores. “Todos tenemos que asumir ese rol de educador”, remarcó.
En ese sentido, Cabrera consideró que la discusión sobre el aumento de penas debe ir acompañada de una mirada integral que abarque políticas sociales, educativas y culturales. “No podemos legislar por una causa aislada, se requiere un estudio sociológico más profundo”, insistió.