El caso más crítico se centra en un terreno de 29 hectáreas en Carmelo Peralta. Durante su gestión, González autorizó la partición de esta propiedad para destinar 11 hectáreas a la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), buscando establecer una zona primaria en un área de futuro polo de desarrollo. Las 17 hectáreas restantes fueron dejadas a favor de un solicitante inicial, el señor Adolfo Gabriel Francisco Ehreke.
El solicitante judicializó la resolución, buscando quedarse con la totalidad de las 29 hectáreas. El Tribunal de Cuentas, por Acuerdo y Sentencia N° 341, del 4 de noviembre de 2022, falló a favor del INDERT, confirmando la partición y el destino de las 11 hectáreas para la Aduana.
Según la expresidenta, el actual titular del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, revocó su resolución administrativa y adjudicó las 29 hectáreas completas al señor Ehreke, a pesar de que la causa se encontraba pendiente de apelación ante la Corte Suprema de Justicia. “Mi resolución fue confirmada por el Tribunal de Cuentas y, pendiente de todas esas resoluciones, el señor Francisco Ruiz Díaz igual revoca mi resolución, haciendo un desacato a una sentencia judicial, y le adjudica las 29 hectáreas al señor Ehreke», aseveró González.
La exfuncionaria enfatizó que estas tierras, al ser patrimonio del Estado, siempre están sujetas a la función social y al interés general, que en este caso prima para el establecimiento de instituciones clave en la cabecera del puente.
CESIÓN DE TERRENOS CLAVE PARA PUERTOS Y ADUANAS
Una situación similar ocurrió con una parcela contigua de 60 hectáreas, ubicada a solo 200 metros de la bajada del puente. En la administración anterior, estas tierras estaban siendo procesadas para ser partidas: 40 hectáreas para la Dirección Nacional de Puertos (ANNP) y las 20 hectáreas restantes para otras instituciones como Policía Nacional, SENAD y Migraciones, con el fin de crear un «centro de gobierno» en la zona primaria.
González denunció que el actual presidente del INDERT adjudicó las 60 hectáreas en su totalidad a una solicitante civil, la señora Marlene Oviedo, a pesar de que Puertos y Aduanas habían manifestado su interés y necesidad de ese espacio. La expresidenta de la institución lamentó que con esta acción se comprometa gravemente la operatividad de la zona primaria, esencial para el paso de la ruta Bioceánica.
RESERVAS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
La extitular del INDERT también aclaró que su administración cumplió con la planificación de desarrollo al titular y entregar a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) unas 150 hectáreas reservadas para la construcción del futuro Aeropuerto Internacional de Carmelo Peralta, un proyecto vital que exige estar retirado del centro urbano.
LLAMADO A LA PROCURADURÍA Y CUESTIONAMIENTO POLÍTICO
Gail González concluyó haciendo un llamado urgente a la Procuraduría General de la República para que intervenga de inmediato. “Inmediatamente la Procuraduría General de la República tiene que tomar cartas en el asunto y solicitar la nulidad de todos estos títulos… Para mí son nulos, pero hay que accionar judicialmente y recuperar» el dominio del Estado, sentenció.
Finalmente, expresó su dolor por el impacto político de estas acciones, señalando que el actual titular del INDERT ni siquiera está afiliado al Partido Colorado, y que ni siquiera le votó a Santiago Peña en las últimas elecciones generales, lo que resulta en que el partido de gobierno reciba críticas por la conducta de funcionarios que no representan sus ideales.
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