El megaproyecto involucró a tres gobiernos: Federico Franco-PLRA (2012-2013); Horacio Cartes-ANR (2013-2018); y Mario Abdo Benítez-ANR 2018-2023), que lo impulsaron y “concluyeron”. El caso de Abdo Benítez lo inauguró y poco tiempo después el costoso acueducto ya no funcionaba.
Medina, quien estuvo al frente del departamento de Boquerón mientras la crisis del agua persistía, lamentó que, a pesar de que el acueducto ha fracasado a lo largo de cuatro periodos de gobierno, ninguna autoridad ha respondido por el manejo de los fondos y los trabajos mal hechos.
Al abordar la falta de responsables judiciales y consultado sobre el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre los «millones diluidos» en proyecto fallido, el Dr. Medina fue tajante y utilizó términos severos para describir el funcionamiento de la justicia paraguaya. «Yo creo que el problema principal de nuestro país sigue siendo la falta de justicia,» afirmó Medina. «El juez inicial (cuyo nombre no mencionó) es uno de los responsables directos de que haya tanta impunidad en muchos casos».
El exgobernador fue más allá al implicar a las altas esferas, mencionando que los ministros de la Corte Suprema de Justicia «se reparten territorios». Describió esta práctica como un resabio del feudalismo, donde existen «señores feudales» y la justicia se convierte en su «brazo ejecutor» para proteger intereses y facilitar la recaudación ilícita.
«Se habla que son los propios jueces y fiscales los que se encargan de esto. Y eso es lamentable. ¿Quiénes son los que pagan esos tributos? Son los ciudadanos,» concluyó, enfatizando que la falta de rotación de los ministros de la Corte es un factor que perpetúa este sistema de impunidad y corrupción. Precisamente, la semana pasada volvieron a atornillarse en ese mismo esquema a través de la aprobación de la Cámara de Diputados de la ley que les va a permitir eso.
DE LA PROMESA AL OLVIDO: EL DRAMA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
El Acueducto del Chaco fue concebido (Ya en 1993, durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy) con un espíritu de ayuda humanitaria, buscando proveer de agua potable a comunidades vulnerables e indígenas. El Dr. Medina recordó el compromiso internacional que existía con la obra. Posteriormente, la obra comenzó a ejecutada por los gobiernos de Federico Franco (2012-2013), seguida por Horacio Cartes (2013-2018), y “concluida” y puesta en “funcionamiento” durante el mandato de Mario Abdo Benítez (2018-2023).
«Yo tuve la visita de la señora embajadora en ese momento de España,» relató. La embajadora acudió a reclamar personalmente, dado que la cooperación española había realizado una donación sustancial, estimada en 70 millones de euros en su momento. La representación diplomática solicitó al entonces gobernador Medina que intermediara ante la ESSAP y el Ministerio Público para que se culminara la obra de manera adecuada, una promesa que, según el Dr. Medina, «tal cosa no se concretó.»
Aunque la solución técnica existe—la obra podría funcionar si se cambiara material deteriorado y se invirtiera un 30% a 40% más de lo ya gastado—el obstáculo real sigue siendo la ausencia de justicia. La inacción judicial no solo permite que los responsables de la mala gestión y el sobrecosto evadan el castigo, sino que también niega el derecho humano fundamental al agua potable a miles de chaqueños.
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