Tras el encuentro, la legisladora afirmó que recibió «buenas noticias», ya que en los próximos 15 a 20 días comenzaría la reposición de más de 180 medicamentos que actualmente presentan faltantes. Explicó que el titular del IPS encontró la institución con «stock cero» hace apenas tres meses y que los procesos de compra requieren tiempo, además de coordinación con las farmacéuticas y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para agilizar las adquisiciones.
Vallejo señaló que parte de la demora también responde a que varios medicamentos dependen de insumos importados y no siempre están disponibles en las cantidades que necesita el IPS. No obstante, aseguró que el proceso de recuperación avanza y que el objetivo principal es garantizar el acceso de los asegurados a los medicamentos.
La diputada también expresó preocupación por el déficit de recursos humanos en el área de salud, especialmente de personal de enfermería. Indicó que la escasez responde, en parte, a los bajos salarios, señalando que muchos enfermeros perciben remuneraciones inferiores al salario mínimo. Asimismo, recordó que la reducción de la carga horaria de los médicos incrementó la necesidad de contratar más profesionales, lo que requiere mayores recursos presupuestarios.
LEY DE EMERGENCIA
En ese contexto, reiteró la importancia de aprobar la ley de emergencia para el IPS, impulsada por el senador Juan Afara, con el fin de flexibilizar la contratación de personal de salud y avanzar en una reingeniería financiera que permita recuperar la sostenibilidad de la previsional.
Durante la reunión también se abordó la deuda superior a los 800 millones de dólares que mantienen empresas con el IPS por aportes no transferidos. Vallejo anunció que solicitará una reunión con la Dirección Jurídica de la institución para conocer las acciones legales previstas, al considerar que estos incumplimientos constituyen hechos punibles.
La legisladora valoró además que el presidente del IPS esté impulsando una revisión de los bienes inmuebles de la institución, así como esperando los informes de la Contraloría General de la República sobre la administración anterior, los cuales podrían revelar nuevas falencias estructurales.
Finalmente, sostuvo que, si bien las denuncias por presuntas irregularidades son importantes, la prioridad debe ser garantizar que más de un millón de asegurados reciban atención médica, estudios, cirugías y medicamentos.
En ese sentido, pidió el respaldo del Poder Ejecutivo, el Congreso y las demás instituciones del Estado para dotar al IPS de las herramientas legales y financieras necesarias para lograr una solución sostenible.
