Daniel Picanerái, docente y dirigente de Campo Loro, sostuvo en entrevista con RCC Radio este martes que la escuela de Murcia se encuentra en condiciones para recibir a los electores y que allí se realizaron normalmente las dos elecciones anteriores. Según explicó, el establecimiento dispone de electricidad, baños, patio y predio adecuados, mientras que los espacios utilizados para la votación pueden instalarse sin necesidad de ingresar a las aulas.
Picanerái señaló que la comunidad no fue informada previamente sobre la solicitud de traslado y calificó la decisión como un atropello. Estimó que entre 800 y 1.000 electores podrían estar afectados, aunque aclaró que no dispone del número oficial de habilitados.
COMPLICACIONES POR EVENTUAL LLUVIA
El nuevo local se encuentra a unos 8 kilómetros de Campo Loro, también dentro de la zona de la misma parcialidad. El dirigente cuestionó que el acceso pueda complicarse en caso de lluvias debido al estado de los caminos, mientras que —según afirmó— el acceso al local original cuenta con otra entrada que facilita el tránsito.
La controversia adquiere un tono más delicado porque la comunidad amenaza con adoptar una medida de fuerza si la Junta Cívica mantiene el cambio. Picanerái explicó que la protesta consistiría en cerrar el acceso a la ruta PY16, en la zona del peaje de Montanía, para exigir que el local de votación permanezca en Campo Loro.
El dirigente también cuestionó a quienes, según la comunidad, impulsaron el traslado y mencionó a Walter Coronel y Lidia Césped, a quienes identificó como apoderados de la ANR. Afirmó que la comunidad los declaró personas no gratas, acusación que corresponde atribuir exclusivamente a los dirigentes que la formularon.
POSIBLES ENFRENTAMIENTOS
Otro elemento que alimenta la tensión es el escenario electoral dentro de la propia parcialidad. Picanerái mencionó la existencia de candidatos de distintas agrupaciones políticas y expresó preocupación por posibles enfrentamientos. Sin embargo, hasta el momento, estas advertencias corresponden a la percepción y denuncia de un dirigente comunitario y no constituyen una confirmación de que vaya a producirse violencia.
El caso pone en evidencia la necesidad de que las autoridades electorales expliquen públicamente por qué se solicitó el cambio, quién tomó la decisión, qué condiciones fueron verificadas en ambos locales y si la comunidad fue consultada.
A pocos días de las elecciones municipales, una modificación que afecta el lugar donde cientos de ciudadanos deben ejercer su derecho al voto puede convertirse en un foco innecesario de tensión si no existe información clara y suficiente.
Más allá de las posiciones políticas, el punto central es garantizar que los electores tengan un local accesible, seguro y adecuado para votar, y que cualquier modificación esté debidamente fundamentada y comunicada a la población afectada.
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