La directora jurídica del ente agrario, Dra. María del Carmen Cardozo, señaló que es un fallo histórico de la máxima instancia judicial, en un caso de larga data, que llevó años de lucha, desde el año 1984. Es una propiedad que el INDERT, en ese entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR) había adjudicado a favor de la comunidad indígena.
En el año 2021, la propiedad había sido disputada por un ciudadano, oportunidad en la cual el mismo solicitó 8.000 hectáreas de la mencionada propiedad, con el argumento de que se encontraba ocupando el lugar.
Al percatarse el INDERT de que era de su propiedad, se había desestimado la solicitud de compra, lo cual provocó una acción en lo contencioso administrativo contra la institución. A consecuencia de la interpelación de la Dra. Sonia Giménez, realizó una apelación a la Corte Suprema de Justicia para su análisis y con el hecho de haber ganado el caso, “se logró reivindicar al Estado y esto tiene una connotación histórica, por tratarse de una propiedad ganada a favor de los pueblos originarios”, señaló la Dra. Cardozo.
Agregó que cuando se trata de casos que afectan a los pueblos indígenas el Estado debe superar todo tipo de barreras impuestas por el sector privado, tratando de arrebatar las propiedades de nuestros ancestros.
Destacó también la calidad de los profesionales de la Asesoría Jurídica para obtener un resultado muy importante a favor de los intereses del Estado y en este caso a favor de una comunidad indígena del Chaco.