A través de la Nota CGR N.º 6362, fechada este miércoles 18 de noviembre y dirigida al presidente de Diputados, Raúl Latorre, Benítez presentó una cronología de las actuaciones del organismo de control desde 2022. El documento busca dejar constancia de que la Contraloría había identificado debilidades en la administración de los fondos jubilatorios y alertado sobre la exposición de los recursos previsionales a determinadas entidades financieras.
La remisión de estos antecedentes se produce en un escenario político delicado, en el que las responsabilidades por la crisis de Ueno Bank y la exposición de los ahorros del IPS están bajo la lupa. Benítez intenta dejar en claro que la CGR cumplió con su función de advertir y que otras instituciones no adoptaron oportunamente las medidas necesarias. Sin embargo, la existencia de informes y advertencias no despeja por sí sola los interrogantes sobre la oportunidad, el alcance y los resultados de las acciones de control.
LAS ADVERTENCIAS QUE AHORA PRESENTA LA CONTRALORÍA
La cronología remitida a Diputados comienza en noviembre de 2022, cuando una Fiscalización Especial Inmediata al IPS ya había señalado la escasa diversificación de las inversiones del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. Según el informe, los recursos estaban concentrados en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y en un grupo reducido de entidades financieras.

En aquella oportunidad, la Contraloría también había advertido que el IPS tenía más de USD 100 millones en CDA colocados en entidades intervenidas, sin contar con planes o protocolos específicos para recuperar esos recursos.
Otro antecedente corresponde a noviembre de 2024, cuando una auditoría a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas detectó deficiencias en los criterios de inversión de los excedentes de la Caja Fiscal. Como ejemplo, el organismo señaló que en 2023 se colocaron G. 150.000 millones en una entidad que ofrecía una tasa de interés del 8,76%, pese a que otras instituciones financieras presentaban ofertas superiores, como el Banco Nacional de Fomento, con 9,10%, y Sudameris, con 9,15%.
UENO CONCENTRÓ CASI EL 20% DE LOS FONDOS EN GUARANÍES DEL IPS
Uno de los antecedentes más sensibles corresponde a la auditoría financiera al IPS, cuyos resultados fueron expuestos en agosto de 2026. La Contraloría detectó el crecimiento acelerado de la participación de ueno Bank en la cartera de inversiones de la previsional.
De acuerdo con los datos presentados, los fondos en guaraníes colocados en la entidad pasaron de representar el 1% de la cartera del IPS en 2023 al 19,70% en 2025, equivalente a G. 1,602 billones.
El informe también advirtió que el IPS carecía de protocolos específicos para enfrentar una eventual insolvencia o quiebra de las entidades financieras receptoras de sus inversiones. La previsional dependía fundamentalmente de la Ley N.º 2334/03 de Garantía de Depósitos, un mecanismo que la Contraloría consideró insuficiente para proteger inversiones de semejante magnitud.
En agosto de este año, la CGR amplió sus requerimientos de información al Ministerio de Economía y Finanzas, al Consejo de Seguridad Social y a distintas cajas previsionales, entre ellas IPS, Caja Municipal, Caja ANDE y Caja Bancaria. Solicitó información sobre límites de inversión, políticas de riesgo y exposición por entidad financiera, lo que derivó en auditorías específicas.
TAMBIÉN APUNTA AL BCP POR FALTA DE ACCESO A DOCUMENTOS
La Contraloría también incluyó en su informe los obstáculos que encontró al intentar auditar al Banco Central del Paraguay (BCP) y a la Superintendencia de Bancos en septiembre de 2026.
Según la versión presentada por Benítez ante Diputados, las anteriores autoridades del BCP denegaron casi en su totalidad el acceso a documentos relacionados con la transformación financiera de Ueno Bank y su posterior fusión por absorción con Visión Banco. Esta situación obligó al equipo auditor a emitir una opinión de abstención.
La CGR sostiene que actualmente se encuentran en ejecución nuevas auditorías al Banco Central, luego de que las propias autoridades del nuevo directorio solicitaran esos trabajos.
UNA DEFENSA INSTITUCIONAL EN MEDIO DE LOS CUESTIONAMIENTOS
La presentación de estos antecedentes tiene una evidente lectura política: Camilo Benítez busca construir una defensa de su gestión y evitar que la Contraloría quede entre las instituciones señaladas por las responsabilidades que pudieran surgir del caso Ueno.
Pero hay preguntas que siguen pendientes de respuesta. Si las advertencias comenzaron en 2022 y el riesgo de concentración en Ueno Bank quedó documentado en auditorías anteriores a la crisis, ¿qué medidas concretas se impulsaron para evitar que la exposición del dinero de los asegurados siguiera creciendo? ¿Qué consecuencias tuvieron aquellas observaciones? ¿Se promovieron acciones para corregir las irregularidades detectadas?
Remitir informes a Diputados puede demostrar que existieron advertencias, pero no necesariamente que la tarea de control haya sido suficiente.
En un caso que compromete recursos destinados a las jubilaciones de miles de trabajadores, no alcanza con demostrar quién advirtió primero o quién tuvo dificultades para acceder a documentos. La ciudadanía necesita conocer quiénes tenían responsabilidades, qué hicieron para evitar el desenlace y por qué las alertas no impidieron que el IPS terminara con una exposición tan elevada en Ueno Bank.
La Contraloría también debe rendir cuentas sobre la eficacia de sus controles. Las advertencias escritas no sustituyen las acciones oportunas ni eximen de responsabilidades.