El Ministerio Público conformó un equipo especial de fiscales para investigar las denuncias presentadas por integrantes del Directorio del BCP y determinar las eventuales responsabilidades penales en el caso. La disposición fue adoptada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien encomendó las diligencias a agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La investigación estará coordinada por la fiscal adjunta Nancy Salomón y dirigida por el agente fiscal Francisco Cabrera. También integran el equipo los fiscales Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta.
La decisión se produjo luego de una reunión mantenida esta mañana entre autoridades del BCP y el fiscal general del Estado. Entre los denunciantes figuran la miembro del Directorio Liana Emilce Caballero; el presidente del BCP, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y el miembro Marco Aurelio González Maldonado.
OCHO PERSONAS CON ORDEN DE DETENCIÓN
En el marco de la Causa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”, los fiscales emitieron la Nota N.º 01, fechada este 3 de noviembre, mediante la cual ordenaron la detención de ocho personas vinculadas a la entidad financiera.
La lista incluye a:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti.
- Juan Manuel Gustale.
- Julio Daniel Rey Fernández.
- Diana Leticia Mongelós González.
- Mariana Torres Rubiani.
- Alejandro Gómez Abente.
- Diego Fernando Duarte Schussmuller.
- Miguel Ángel Almada Frutos.
Entre los alcanzados por la medida se encuentran Federico Miguel Vázquez Villasanti, vinculado a la conducción ejecutiva de Ueno Bank, y Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad.
Los fiscales dispusieron que, una vez concretadas las detenciones, los afectados sean puestos inmediatamente a disposición de la unidad especializada para los procedimientos legales correspondientes.
La investigación se desarrolla tras la decisión del BCP de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de constatar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo requerido. El Ministerio Público deberá esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen conductas penalmente relevantes y quiénes serían sus responsables.