La contradicción más clara surge cuando la fiscal admite que, tras inspeccionar tres locales y entrevistar a unas 80 personas, “hasta el momento nadie es víctima de trata”. A pesar de haber movilizado recursos policiales y técnicos bajo la sospecha de explotación laboral, Sánchez reconoció abiertamente: “Hasta ahora yo no hablé de que hemos corroborado la existencia de un hecho de trata de personas”.
Esta declaración choca frontalmente con la naturaleza de un allanamiento simultáneo. ¿Cómo se justifica un operativo de tal magnitud si, tras realizarlo, la fiscalía confiesa no tener elementos para sostener la sospecha inicial?
¿EXPLOTACIÓN LABORAL O FALTA DE PAPELES?
La fiscalía parece estar confundiendo la precariedad administrativa con el crimen organizado. Sánchez señaló como “irregularidad” que los usuarios de la fundación fabriquen y vendan pan sin recibir remuneración.
Sin embargo, cuando se le consultó sobre la diferencia entre terapia ocupacional (común en centros de ayuda) y explotación, la fiscal admitió que no cuentan con el programa de rehabilitación de la fundación para hacer la comparación, pero que aun así procedieron a la intervención.
Resulta llamativo que la fiscalía catalogue como indicio de delito el hecho de que personas en situación de vulnerabilidad realicen tareas de oficio voluntarias, basándose en la falta de “profesionales a cargo”, un aspecto que parece ser más de competencia administrativa del Ministerio de Salud o de Trabajo que de una unidad penal de Trata de Personas.
LA «LAGUNA» QUE LA FISCALÍA NO LOGRA LLENAR
Mientras la defensa de REMAR argumenta que operan bajo una figura de asistencia y formación de oficios —y no estrictamente como una clínica de rehabilitación—, la fiscalía parece perdida en la interpretación de los consentimientos firmados por los usuarios.
Sánchez cuestionó la validez de las firmas de los voluntarios, debido a su situación de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo admitió que no existe un plazo para una eventual imputación porque, simplemente, aún están analizando si existe un hecho punible.
En conclusión, el operativo contra REMAR deja un sabor amargo: una intervención aparatosa contra una organización de beneficencia que, hasta ahora, solo ha arrojado “desorden administrativo” y ninguna prueba de los graves delitos que se le pretendieron encontrar inicialmente.