Becas en Boquerón: Junta Departamental admite que el sistema puede agilizarse y plantea revisar el mecanismo de distribución

La distribución de las becas estudiantiles de la Gobernación de Boquerón podría agilizarse mediante una revisión del mecanismo vigente, que destina el 80% de los recursos al Ejecutivo departamental y el 20% a la Junta Departamental. Así lo reconoció Gladys Dietze, presidenta de la Junta, quien admitió que la burocracia puede retrasar la asistencia y planteó la posibilidad de que la Secretaría de Educación administre el 100% de los fondos.

Becas en Boquerón: Junta Departamental admite que el sistema puede agilizarse y plantea revisar el mecanismo de distribución

Durante una entrevista con RCC Radio, Dietze explicó que los recursos asignados a los siete concejales departamentales se distribuyen en dos desembolsos anuales. En cada pago, los ediles reciben una suma que utilizan para apoyar a estudiantes, principalmente universitarios, que atraviesan dificultades económicas y necesitan ayuda para continuar sus estudios.

La presidenta de la Junta Departamental señaló que, durante el primer desembolso, recibieron aproximadamente G. 19 millones y que en el segundo, realizado en octubre, les correspondieron alrededor de G. 20 millones. En total, la suma anual destinada a este sector ronda los G. 40 millones, según sus declaraciones.

El monto se divide entre los siete concejales, lo que representa aproximadamente G. 2,8 millones por edil en cada desembolso. Cada uno decide cuántos estudiantes beneficiará con esos recursos y distribuye el dinero entre ellos.

Dietze indicó que las becas se orientan principalmente a universitarios que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Entre los requisitos figuran demostrar que están cursando sus estudios y mantenerlos durante el año en que reciben la ayuda.

La titular de la Junta sostuvo que los concejales también pueden identificar necesidades en distintos puntos del departamento, debido a su contacto con las comunidades. Sin embargo, reconoció que el sistema podría funcionar con mayor rapidez.

LA BUROCRACIA Y EL CONTROL PARA EVITAR DUPLICACIONES

Uno de los principales obstáculos señalados durante la entrevista es el tiempo que demanda verificar los listados de beneficiarios. La Secretaría de Educación debe cotejar la información con otras instituciones y entidades, incluidas las municipalidades y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para evitar que una misma persona reciba más de una beca.

Dietze reconoció que los procedimientos administrativos pueden volver lento el proceso y consideró que sería conveniente comenzar antes con las gestiones para que los estudiantes reciban la asistencia a tiempo.

“Una salida es que el 100% tenga la Secretaría directamente, ya no ir el 20% a la Junta Departamental. Ahí es donde se vuelve a enlentecer más”, expresó, al referirse a la posibilidad de concentrar la administración de los recursos en una sola dependencia.

La propuesta abre el debate sobre la conveniencia de mantener la distribución de fondos entre los concejales o centralizar la gestión para simplificar los trámites, reforzar los controles y acelerar la llegada de la ayuda a los estudiantes que la necesitan.

LOS LISTADOS ESTÁN DISPONIBLES EN LA ADMINISTRACIÓN

Consultada sobre la transparencia del proceso, Dietze afirmó que cada concejal entrega a la administración de la Gobernación el listado de los estudiantes beneficiados y la documentación correspondiente a la recepción del dinero.

Según explicó, las personas interesadas pueden acudir a la administración de la institución y solicitar la nómina de beneficiarios.

La discusión sobre el mecanismo de distribución cobra relevancia porque, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista, la ayuda ronda los G. 1.970.000 por estudiante al año y se entrega en dos pagos. Se trata de un aporte parcial que busca contribuir a los gastos educativos, pero que no cubre la totalidad de las necesidades de los alumnos.

El desafío para las autoridades departamentales es garantizar que los recursos lleguen oportunamente a quienes cumplen los requisitos, con controles que eviten duplicaciones, criterios claros de selección y acceso público a la información sobre el destino de los fondos.

 

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