Hasta el momento, 17 unidades sociales ya recibieron la compensación monetaria y otras 20 están próximas a realizar su mudanza en una nueva urbanización, ya que optaron por la restitución de sus viviendas, que es otra de las alternativas que tienen los pobladores beneficiarios.
Todas estas tareas forman parte del Plan Específico de Reasentamiento Involuntario (PERI), impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que incluye el acompañamiento permanente a las familias, antes, durante y luego de la mudanza, a fin de lograr una mejor adaptabilidad a su nuevo hogar.
Desde la Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC, dependencia que acompaña todo el proceso en campo, esperan que el reasentamiento sea una oportunidad para que las familias puedan mejorar su calidad de vida. De hecho, el objetivo del PERI es liberar la franja de dominio y a la vez, dar una respuesta definitiva a la inseguridad jurídica y social de ocupación irregular de estas familias.
Cabe destacar que las unidades sociales hoy beneficiarias fueron previamente censadas y las que reciben compensación económica o vivienda, son las que cumplieron con los criterios de elegibilidad establecidos en las Políticas de Salvaguardias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo financiador de la obra.
Con estas políticas se busca impactar en el crecimiento económico a largo plazo y en la reducción de la pobreza, así como disminuir la desigualdad y mejorar la vida de las personas en cuya área de influencia se realiza una obra de tal envergadura.
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