Filadelfia, RCC.- Según documentos del informe de la CGR se detectaron varias observaciones sobre utilización de recursos públicos sin los documentos respaldatorios, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, cuando la actual diputada era gobernadora de Alto Paraguay (2013-2018), quien alega que todo fue producto de errores administrativos.
Según el informe existe una diferencia de G. 1.454 millones de guaraníes entre la ejecución presupuestaria de gastos y las ordenes de pagos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, cuyas erogaciones no poseen documentos de respaldo.
Se menciona que se entregaron becas por G. 711 millones en 2017 sin presentar rendición de cuentas. Además la gobernación abonó G. 51 millones como aporte a entidades educativas sin fines de lucro, que tampoco cuentan con su rendición de cuentas.
En cuanto a transferencias por subsidio y asistencia social a personas y familiares del sector privado se pagó G. 34 millones sin rendición de cuentas. Además se abonó G. 74 millones en aportes y subsidios a entidades sin fines de lucro sin ningún comprobante.
La gobernación pagó G. 145 millones por la construcción de un pórtico de acceso a la ciudad de Bahía Negra, que conforme a la verificación realizada por auditores se constató que la misma no existía.
Además se abonó hasta el segundo cuatrimestre del año 2018 la suma de G. 1.964 millones por un contrato con la firma AR Consultores y asociados, que representa el 64% del monto total a pagar según el contrato, sin embargo en la verificación física se constató que la obra recién estaba comenzando.
También en ese mismo periodo, la gobernación abonó por la construcción de un pavimento de hormigón armado en Carmelo Peralta y un dispensario médico en la comunidad indígena Punta y Tiogay del mismo distrito la suma de G. 1.344 millones, que representa el 44% del total a pagar y durante la verificación se constató que la obra recién iniciaba.
El informe final de la Contraloría fue firmado por el Contralor General de la República Dr. Camilo Benítez Aldana el pasado 08 de julio del 2020. Así mismo el documento está en manos de la fiscal Lilian Alcaráz que llevará adelante la investigación y fijó para este jueves 06 de agosto la audiencia indagatoria para la parlamentaria.
Es importante mencionar que la diputada también está siendo investigada por otro supuesto daño patrimonial de más de G. 1.000 millones en el ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016. En el 2018 el ex contralor general de la República, José Enrique García, había realizado una denuncia formal sobre lesión de confianza con base en expedientes de auditoría.