Lo que la aguatera estatal busca es resolver un problema de proporciones, a través de trabajos de “reparación” en la Fase 1 (donde se inicia el acueducto), pero que no serían más que “remiendos” ejecutados por cuadrillas de la Gerencia de Redes de la institución, supuestamente a través de recursos propios, sobre cuyos montos no ha informado.
El ente estatal ha revelado que el objetivo es “restablecer” el acueducto con una presión operativa de 4BAR, lo que representaría una reducción a la mitad de la presión original, manteniendo el caudal, e instalar una nueva estación de “rebombeo” para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema.
Siempre según datos de la empresa pública, en varios tramos, las tuberías han sido reparadas en repetidas ocasiones, lo que ha hecho necesario el reemplazo total de ciertas secciones. Sin embargo, según fuentes fiables, a las que accedimos, los caños vuelven a romperse unos pocos centímetros más adelante, y ya no tendría sentido persistir en ese esfuerzo “técnico” y, sobre todo, económico. Cabe señalar que la ESSAP no ha informado hasta ahora los resultados y cuánto ya se volvió a gastar por los trabajos.
ACTUALIDAD OBSERVADA EN EL SITIO
Conforme con datos actualizados, suministrados por los lugareños de la zona de Puerto Victoria, la estación de toma de agua de Puerto Victoria, que en su momento era de una tecnología “de última generación”, en la actualidad está abandonada, y algunas esas máquinas ya no funcionan, están desarmadas y simplemente abandonadas. Ante esta situación, lo que se observa es una gran negligencia de los sucesivos gobiernos, incluyendo al actual, que hasta ahora no ha podido presentar una alternativa de solución razonable y permanente.
Además, los operarios de la estación de bombeo se quejan de los constantes cortes de la energía eléctrica suministrada por la ANDE, cuya reposición muchas veces lleva tiempo. Pero, para paliar esa situación, cuentan con un generador diésel de primera línea, que tampoco funciona por la falta de combustible.
Como el acueducto se ha venido rompiendo, tratan de repararlas a través de “soluciones parches”, con fibra de vidrio y resina, mezclada con un endurecedor, que tampoco han dado resultados. Esto ha representado un inmenso trabajo (posiblemente sin sentido), colocando innumerables capas de casi dos centímetros de grosor, una encima de la otra, para volver a romperse a 20 o 30 centímetros, lo cual demuestra claramente la envergadura de la problemática.
En ese proceso, también ha surgido otro problema: En los puntos más altos del acueducto; es decir, donde están instalados los sistemas de purga de aire, han ingresado muchas malezas y raíces de plantas, debido a que está todo cubierto de vegetación. Y también ingresan todo tipo de alimañas y trancan estos sistemas de purga, cuyas tapas (curiosamente) están tiradas a los costados.
Esto hace que cuando se intenta el bombeo y el aire no puede salir, queda allí e impide también un chorro completo del agua, y sin un mantenimiento constante al trazado, todo el sistema falla.
Más adelante, la estación de rebombeo, localizado en el kilómetro 102 del trazado, igualmente se encuentra en estado calamitoso, por la forma que se hizo la instalación. Llamativamente esta estación se encuentra llaveada siempre, según nuestras fuentes de la zona.
MÁS DE US$ 100 MILLONES POR UN “ELEFANTE BLANCO”
Cabe recordar que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) pagó más de 100 millones de dólares, entre los años 2012 al 2022, por un total de 15 contrataciones para el diseño, construcción y fiscalización del acueducto del Chaco, que hasta la fecha ha resultado inservible, según informes de la propia secretaría de Estado. Lo llamativo del caso es que, además, todos los contratos tuvieron incrementos de entre 20% y hasta 60%, muy por encima de lo que permite la Ley de 2051, de Contrataciones Públicas.
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COSTOS
De acuerdo a datos dados a conocer por el MOPC ya hace casi dos años, la Fase 1 incluyó el Diseño, la Obra en sí y la Fiscalización. Por el proyecto ejecutivo, que estuvo a cargo de la Contratista PSM Ingeniería, la misma cobró G. 344.000.000.
Ahora viene la parte gruesa del proyecto: Obras de toma de agua cruda, aductora de agua cruda, planta de tratamiento, reservorio y estación de bombeo en Puerto casado. Por estos trabajos la empresa CDD Construcciones SA recibió un total G. 47.497.912.937, según los datos oficiales.
Del mismo ítem igualmente participó el consorcio integrado por las empresas ABH SA, TAIVO SA y Constructa SA, que recibió la suma de G. 32.426.397.654. Algo llamativo que se observan en estos datos del ministerio es que, por su parte, por la misma obra el Consorcio PS recibió G. 38.324.435.059.
Por el ítem “Obras complementarias y automatización”, el Consorcio Aguas para el Chaco cobró G. 65.583.408.818. Por la construcción del reservorio de 2.500 m3 en Loma plata Ing. Hugo Navarro percibió la suma de G. 2.655.718.233.
Por la colocación de Tuberías y Accesorios de PRFV para el acueducto principal la firma brasileña EDRA Saneamiento Básico Industria e Comercio Ltda. (Brasil) cobró G. 78.326.697.970. Curiosamente, por la misma obra, las empresas argentinas Amitech SA /Otek SA cobraron también G. 78.785.405.207.
“FISCALIZACIONES”
A continuación viene una parte «interesante» en esta triste historia: La Fiscalización de las obras, que en un proyecto de esta envergadura son tanto o más importantes que la ejecución misma. Por esta labor el Consorcio Agua del Chaco recibió un primer pago de G 10.949.528.277 y, posteriormente, un segundo monto de G. 7.000.000.000. En total, solo la construcción de la primera fase requirió G. 432.282.850.562, de acuerdo al MOPC.
En cuanto a la Fase 2 y 3, correspondiente a la obra construcción de aductoras, centros de distribución y estaciones de bombeo en el Chaco central, se pagó al Consorcio Chaco G. 233.582.989.011. Por su parte, por la fiscalización de las aductoras, el Consorcio Consultech Aethos cobró un total de G. 15.478.727.824.
La construcción de redes de distribución de agua potable en el Chaco central también estuvo a cargo del Consorcio Chaco, por la que recibió G. 48.700.255.173. Finalmente, por la supuesta fiscalización de estas obras “realizadas” en las Fases 2 y 3, el Consorcio Consultech Hydrocontrol recibió la suma de 5.364.959.769.
El total abonado por estas dos últimas fases son G. 303.126.931.777, y las tres juntas totalizan las friolera suma de G. 735.409.782.339, equivalentes a más de US$ 100 (que deben calcularse de acuerdo a la cotización de la moneda norteamericana vigente entre 2012 y 2022), que están literalmente enterrados en alrededor de 500 km, desde el comienzo hasta el final del acueducto fallido.
Un dato llamativo es que todos los contratos tuvieron aumentos respecto al monto adjudicado en el orden del 20%, que permite la con Ley de Contrataciones Públicas, pero en algunos casos el incremento sobrepasó el 60%, con el supuesto argumento de que una parte del financiamiento provino de un ente multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyas “políticas” pueden “eludir” las leyes locales.
Los contratos se adjudicaron y se ejecutaron durante los gobiernos de Federico Franco, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, pero las inversiones realizadas no lograron el propósito de llevar “agua barata” a las comunidades que debían beneficiarse con el proyecto.
La palada inicial se realizó en 2012, y en ese momento se informó que el proyecto iba a costar (en total) 50 millones de dólares. Sin embargo, solo la primera fase costó casi 58 millones de dólares, y con las fases restantes se más que duplicó, entre otras cosas, por las supuestas ampliaciones de la red para varias comunidades que siguen sin recibir el vital el líquido.
Mientras tanto, el Estado paraguayo sigue gastando ingentes recursos públicos para que el agua llegue en camiones cisternas, luego de recorrer cientos de kilómetros, siendo un sistema muy ineficiente y muy oneroso.
La Fase 1 solo funcionó por un tiempo durante el 2022, tras constantes reparaciones. Las fases 2 y 3 del acueducto comenzaron durante el gobierno de Horacio Cartes y las obras concluyeron “en un 100%” durante la administración de Mario Abdo Benítez, pero hasta ahora no han sido útiles para el propósito de suministrar el agua de forma continuada.
Finalmente, el proyecto no ha funcionado, pero tampoco se inició desde las instituciones responsables un proceso de investigación (el MOPC anunció en el 2023 una auditoría interna, pero que tampoco ha arrojado resultados conocidos hasta ahora), ni sanción para ninguno de los principales responsables, ya sea en el sector estatal como de las empresas que llevaron adelante el emprendimiento.
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