Filadelfia, RCC.- La reducción de la pobreza y el desarrollo social equitativo de cada habitante del país, son los principales desafíos del Estado paraguayo, por lo que desde distintos ámbitos se impulsan acciones prioritarias para disminuir la brecha de desigualdad.
Para ello, el gobierno a través de sus instituciones busca instalar políticas públicas con enfoque de derechos que puedan dar respuestas a situaciones adversas como el hambre, la desnutrición, la falta de acceso a la educación de calidad, el trabajo infantil, o una deficitaria atención de los servicios de salud.
El porcentaje de personas en situación de pobreza en Latinoamérica se redujo del 44,5% al 29,6% entre el 2002 y el 2018, debido a un período de alto crecimiento económico y la expansión de políticas de protección social en la región.
Sin embargo, la pobreza extrema se acrecentó en el 2017 y se mantuvo en el 2018, mientras la concentración de la riqueza sigue siendo bastante desigual. Ésta es una de las razones, por la cual, la reducción de la pobreza continúa en un plano prioritario en el escenario regional y global del desarrollo.
Paraguay no escapa a esta tendencia de la región, ya que los índices de pobreza se redujeron del 57,7% al 24,2% entre el 2002 y el 2018, con excepción de los años 2006 y 2016, según revelan los datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas, Censos (DGEEC, 2018).
Sin embargo, llegar a ese nivel de reducción de pobreza implicó generar transformaciones evolutivas progresivas dentro de la institucionalidad estatal, en los sucesivos gobiernos, potenciando el diseño e implementación de las políticas, los planes y programas, dando la prioridad fiscal requerida.
Precisamente para dar respuestas a la serie de demandas históricas, el Gobierno Nacional inició un proceso participativo con los distintos sectores sociales, como las organizaciones campesinas, indígenas y populares, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Amambay y Alto Paraná.
Así también se establecieron las urgentes necesidades que requieren ser satisfechas y las acciones efectivas que deberán impulsar cada una de las instituciones públicas.
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