La ampliación de la Ley 6.365/19 será por 120 días, tras el pedido del Ejecutivo de ampliarlo por 180 días (6 meses).
Uno de los principales puntos de la ampliación es la continuidad de los contratos de unos 770 agentes penitenciarios y 200 personales de salud que prestan servicios en las cárceles del país.
Desde el Ministerio de Justicia se instó al Congreso el tratamiento de la ley antes de su vencimiento el 31 de diciembre pasado, para asegurar la continuidad de los contratos iniciados en 2019 a partir de la Ley.
La Ley de Emergencia Penitenciaria amplió el presupuesto del Ministerio de Justicia para agilizar la construcción de tres nuevas penitenciarías y el uso de fuerzas públicas (policías y militares) para el control en el perímetro de las cárceles.
Igualmente, habilitó a la cartera de Justicia a la contratación de personal, bienes y servicios bajo el régimen de excepción previsto en la Ley 2.051/03 «De Contrataciones Públicas».
Dos nuevas penitenciarías, en Minga Guazú y en Emboscada, se encuentran próximas a ser habilitadas para descongestionar la situación de internos en el país.
El proyecto de ampliación de la emergencia penitenciaria pasa a la Cámara de Diputados para su estudio.
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